El título de esta entrada plantea en principio una cuestión fundamental, casi no escuchada en vinculación al tipo de respuestas a la violencia y criminalidad, que agobia a la ciudadanía salvadoreña.
Es recurrente en El Salvador escuchar hablar de las necesidades de respuestas adecuadas a esos fenómenos adversos y lacerantes para la población, de la misma manera en que recurrente es advertir que las discusiones de los actores políticos pierdan el rumbo en caminos sinuosos de intereses sesgados, sectoriales e ideologizados, rayando en un sentido utilitario en términos económicos y políticos, por lo cual, distorsionando los legítimos intereses por el bien común al que se deben.
Desde años, este debate se mantiene abierto y se refiere constantemente; desde los tiempos de post-guerra, siempre vino siendo observable lo apremiante de trabajar en torno a la reducción de los efectos adversos de violencia y delincuencia que nos dejara considerables niveles el conflicto armado; aunque debe aclararse que no podemos concluir que nuestra violencia social y criminalidad provenga únicamente desde el inicio de la guerra o por su desarrollo. Es claro que la configuración en el ejercicio del poder, particularmente el público, y el orientado al control social-penal, es una constante histórica que debe ser abordada muy detenidamente, pues nuestra guerra civil, tuvo sus factores enervantes desde varias décadas atrás.
En los años subsiguientes a los acuerdos de paz, se tuvo claro los inadecuados ajustes de los mismos, por las partes firmantes, haciendo no sólo arreglos políticos de base para la paz, sino también -y sobre todo- arreglos que les "blindaran" de sus respectivas responsabilidades históricas durante el desarrollo del conflicto; además, fue muy sobresaliente la búsqueda por tomar espacios de inserción para sus combatientes que habrían de ser desmovilizados, particularmente con algún sector, incluidas becas para estudio, entre otros aspectos muy favorables, por ello mismo y en ambos casos, desequilibrando la inversión de cooperación que para entonces ingresaba para cubrir lo que eran "costos de la paz", sin tomarse en cuenta a los ciudadanos salvadoreños.
También, en la conformación de miembros para la Policía Nacional Civil, fueron insertados grupos de combatientes y miembros de los extintos cuerpos de seguridad (en cuotas), en la que pretendía ser una nueva institución policial, con un fundamental carácter civil; ahí lamentablemente no se partió de cero. A 25 años de los Acuerdos de Paz, y luego de la remoción jurídica de la Ley de Amnistía, está muy claro que ese "borrón y cuenta nueva", no sólo retomaba el aporte financiero de la paz y favorecía al estamento político eminentemente, en perjuicio del interés y bien común de la población, por superar sus efectos nocivos (psicosociales y materiales), sino fundamentalmente, por la verdad, y consecuentemente, por la justicia. Ahora, se advierte claramente la adversidad por loas caminos perdidos en los debidos cumplimientos.
Lo que había de ser invertido desde la cooperación internacional para la atención de la salud de la población, y recobrar los efectos adversos psicológicos y en general los sociales o económicos, fue pasado a un segundo o tercer plano, distensionándose con el tiempo los ajustes políticos por un cumplimiento fiel de los acuerdos; para el fin de los años 90's, ya se hablaba de haberse finiquitado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, al cierre del gobierno de Calderón Sol. Ciertamente, los referidos acuerdos, fueron paulatinamente desmontándose, por los siguientes gobiernos, particularmente de derecha. El mismo establecimiento del Consejo Económico y Social, la misma independencia y designación presidencial del funcionario a cargo de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, son dos puntuales ejemplos de cómo, los Acuerdos de Paz, más que reeditarse, deben ser reasumidos y cumplidos a cabalidad, como un compromiso histórico por nuestros actuales autoridades, tal cual fueron establecidos.
En éstos años, desde las partes políticas, particularmente a cargo de gobiernos, se ha pasado por momentos cruciales, donde se evidencio el manejo poco visionario y limitado de la gobernabilidad, construida sin apuestas verdaderamente democratizadoras de la relación Estado y Sociedad; las oposiciones políticas de los gobiernos, particularmenbte en el legislativo, tendieron a mantener unas condiciones favorables para mantener inmoviles y sin desarrollo el status quo de los estamentos políticos, pero no en favor de la ciudadanía en general. Un ejemplo claro, se tiene en el problema de críminalidad, que ha sido letal en sociedades como la nuestra, donde los problemas estructurales, entre ellos los desequilibrios en la distribución de la riqueza, se mantuvo en medio del fenómeno de globalización y privatización, manteniendo a amplios sectores de población, familias, mujeres y niños, al margen de oportunidades de desarrollo.
Las políticas de seguridad, han sido desplegadas sin firmes y consistentes afianzamientos jurídicos, han sido apuntaladas para mantener resguardando intereses sectoriales y continuar la cadena de marginalidad. Producto de los problemas sociales, han alcanzado un tratamiento con un grado de obcecación que raya en necedad; la inseguridad ha disparado los discursos de emergencia, "punitivistas y criminalizadores", haciendo de ella, un factor de distorsión y manipulación irresponsable particularmente en épocas electorales (https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gallegos-no-renuncia-a-que-se-legalice-la-pena-de-muerte-20180121-0078.html), llevándose de encuentro las posibilidades de caminar seriamente por el impulso institucional de un Estado de Derecho en pleno respeto a las garantías fundamentales establecidas para las personas.
Los esfuerzos institucionales desde los marcos legales también han tendido a perder perspectiva, teniendo la falta de asunción de experiencias, aspectos que han implicado que los tomadores de decisiones políticas, abandonaron las perspectivas técnicas necesarias para un adecuado impacto y manejo del fenómeno criminal. En el año de 1996, en el marco de los preparativos para la implementación de reformas penales desde 1992, las tendencias de manejo de vindicta social desbordaron en presiones y flujos políticos por impulsar campañas de ley y orden que desembocaron en la aprobación la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crímen Organizado, que fuera posteriormente declarada inconstitucional.
También, en la conformación de miembros para la Policía Nacional Civil, fueron insertados grupos de combatientes y miembros de los extintos cuerpos de seguridad (en cuotas), en la que pretendía ser una nueva institución policial, con un fundamental carácter civil; ahí lamentablemente no se partió de cero. A 25 años de los Acuerdos de Paz, y luego de la remoción jurídica de la Ley de Amnistía, está muy claro que ese "borrón y cuenta nueva", no sólo retomaba el aporte financiero de la paz y favorecía al estamento político eminentemente, en perjuicio del interés y bien común de la población, por superar sus efectos nocivos (psicosociales y materiales), sino fundamentalmente, por la verdad, y consecuentemente, por la justicia. Ahora, se advierte claramente la adversidad por loas caminos perdidos en los debidos cumplimientos.
Lo que había de ser invertido desde la cooperación internacional para la atención de la salud de la población, y recobrar los efectos adversos psicológicos y en general los sociales o económicos, fue pasado a un segundo o tercer plano, distensionándose con el tiempo los ajustes políticos por un cumplimiento fiel de los acuerdos; para el fin de los años 90's, ya se hablaba de haberse finiquitado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, al cierre del gobierno de Calderón Sol. Ciertamente, los referidos acuerdos, fueron paulatinamente desmontándose, por los siguientes gobiernos, particularmente de derecha. El mismo establecimiento del Consejo Económico y Social, la misma independencia y designación presidencial del funcionario a cargo de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, son dos puntuales ejemplos de cómo, los Acuerdos de Paz, más que reeditarse, deben ser reasumidos y cumplidos a cabalidad, como un compromiso histórico por nuestros actuales autoridades, tal cual fueron establecidos.
En éstos años, desde las partes políticas, particularmente a cargo de gobiernos, se ha pasado por momentos cruciales, donde se evidencio el manejo poco visionario y limitado de la gobernabilidad, construida sin apuestas verdaderamente democratizadoras de la relación Estado y Sociedad; las oposiciones políticas de los gobiernos, particularmenbte en el legislativo, tendieron a mantener unas condiciones favorables para mantener inmoviles y sin desarrollo el status quo de los estamentos políticos, pero no en favor de la ciudadanía en general. Un ejemplo claro, se tiene en el problema de críminalidad, que ha sido letal en sociedades como la nuestra, donde los problemas estructurales, entre ellos los desequilibrios en la distribución de la riqueza, se mantuvo en medio del fenómeno de globalización y privatización, manteniendo a amplios sectores de población, familias, mujeres y niños, al margen de oportunidades de desarrollo.
Las políticas de seguridad, han sido desplegadas sin firmes y consistentes afianzamientos jurídicos, han sido apuntaladas para mantener resguardando intereses sectoriales y continuar la cadena de marginalidad. Producto de los problemas sociales, han alcanzado un tratamiento con un grado de obcecación que raya en necedad; la inseguridad ha disparado los discursos de emergencia, "punitivistas y criminalizadores", haciendo de ella, un factor de distorsión y manipulación irresponsable particularmente en épocas electorales (https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gallegos-no-renuncia-a-que-se-legalice-la-pena-de-muerte-20180121-0078.html), llevándose de encuentro las posibilidades de caminar seriamente por el impulso institucional de un Estado de Derecho en pleno respeto a las garantías fundamentales establecidas para las personas.
Los esfuerzos institucionales desde los marcos legales también han tendido a perder perspectiva, teniendo la falta de asunción de experiencias, aspectos que han implicado que los tomadores de decisiones políticas, abandonaron las perspectivas técnicas necesarias para un adecuado impacto y manejo del fenómeno criminal. En el año de 1996, en el marco de los preparativos para la implementación de reformas penales desde 1992, las tendencias de manejo de vindicta social desbordaron en presiones y flujos políticos por impulsar campañas de ley y orden que desembocaron en la aprobación la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crímen Organizado, que fuera posteriormente declarada inconstitucional.
Otro antecedentes importante en esto lo fue como se sabe la Ley Antimaras, que tras un discurso mediático y de despliegue de estrategias de seguridad pública avasalladora de las garantías mínimas de las personas, anulando cualquier iniciativa y línea de política de justicia; incluso el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública fue eliminado casi al inicio del gobierno de Francisco Flores, desde el año 1999, como clara muestra del reniego de la reforma penal de 1998 y el inicio de todo un proceso de contrarreforma, que desmontó las posibilidades de una justicia penal democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana. Lo que competía a esa cartera de Estado, se retomó por Gobernación, cuatro años después debió retomarse nuevamente pero con la evidente inversión de la denominación de esa cartera: Ministerio de Seguridad y Justicia.
Las capturas en tiempos del manodurismo fueron masivas, miembros de maras o allegados a ellas, en los peores de los casos de personas amigas o conocidas de los mismas, o simplemente por niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades; alguna vez, escuchando sobre lo que ocurría en las comunidades, se decía que la policía llegaba a aprehender "como agarrar pollos" a las zonas populosas o marginales: una clara muestra de esos efectos distorsionados de la persecución ligada a lapsas estrategias de seguridad, lo constituye que el fenómeno se expandió, pues en el interior de la república, fueron llegando adolescentes y jóvenes de las urbes a poblaciones en el área rural, aunado a practicas de control y disuasión que han rayado en vejación y maltrato.
El impulso de operativos policiales desplegados sin mayores respetos a los derechos humanos y la libertad personal, dejo sus huellas, en muchos niños y adolescentes, pero también tendencias, hacia la criminalización de sus vidas, sino también, el agravamiento de practicas policiales indebidas. Se ha escuchado incluso que por cada persona detenida, se lograba incluso día de compensatorio en el servicio policial, lo que implicaba un estímulo indebido y contrario a cualquier razonamiento respetuoso de la libertad personal.
Por si fuera poco, el manodurismo alcanzó dos períodos presidenciales, fue aprovechada como tendencia que dejaba réditos electorales, en tanto que entre 2003 y 2004, los planes "mano dura" (http://archivo.elsalvador.com/noticias/2003/07/24/nacional/nacio14.html) y "super mano dura" se convirtieron en la marca de las políticas de seguridad impulsadas por los gobernantes de fin e inicio presidencial en esos años, anunciándose que a los delincuentes y malacates "se les acabó la fiesta" (http://archivo.elsalvador.com/noticias/2004/08/31/nacional/nac18.asp), ironías y contrastes se saben hoy, 14 años después, cuando se han corrido las paginas de los años, del libro de la historia reciente.
Las capturas en tiempos del manodurismo fueron masivas, miembros de maras o allegados a ellas, en los peores de los casos de personas amigas o conocidas de los mismas, o simplemente por niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades; alguna vez, escuchando sobre lo que ocurría en las comunidades, se decía que la policía llegaba a aprehender "como agarrar pollos" a las zonas populosas o marginales: una clara muestra de esos efectos distorsionados de la persecución ligada a lapsas estrategias de seguridad, lo constituye que el fenómeno se expandió, pues en el interior de la república, fueron llegando adolescentes y jóvenes de las urbes a poblaciones en el área rural, aunado a practicas de control y disuasión que han rayado en vejación y maltrato.
El impulso de operativos policiales desplegados sin mayores respetos a los derechos humanos y la libertad personal, dejo sus huellas, en muchos niños y adolescentes, pero también tendencias, hacia la criminalización de sus vidas, sino también, el agravamiento de practicas policiales indebidas. Se ha escuchado incluso que por cada persona detenida, se lograba incluso día de compensatorio en el servicio policial, lo que implicaba un estímulo indebido y contrario a cualquier razonamiento respetuoso de la libertad personal.
Por si fuera poco, el manodurismo alcanzó dos períodos presidenciales, fue aprovechada como tendencia que dejaba réditos electorales, en tanto que entre 2003 y 2004, los planes "mano dura" (http://archivo.elsalvador.com/noticias/2003/07/24/nacional/nacio14.html) y "super mano dura" se convirtieron en la marca de las políticas de seguridad impulsadas por los gobernantes de fin e inicio presidencial en esos años, anunciándose que a los delincuentes y malacates "se les acabó la fiesta" (http://archivo.elsalvador.com/noticias/2004/08/31/nacional/nac18.asp), ironías y contrastes se saben hoy, 14 años después, cuando se han corrido las paginas de los años, del libro de la historia reciente.
Esta muy claro que las practicas simbólicas no sólo han venido desde la legislatura, también esa tendencia esta muy identificada en los planes y programas de seguridad pública, distorsionando la consecuente y esencial seguridad "humana", que implica el respeto a las garantías de la persona; el poder de criminalización no sólo ha sido avasallador, también ha determinado hacerse de las distorsiones, ciertamente realidades (recuerdo en 2008 en la ONU, nuestro Presidente entonces, diciendo que el principal problema en el país eran las pandillas), también ha encubierto los efectos adversos de las administraciones públicas que desde el poder, no han querido enmarcarse -por intereses económicos espúreos - en rutas de desarrollo humano.
Han sido también muy utilizados slogan de campaña: "los mas pobres de los pobres", "la política es servicio", "las mujeres no van a estar solas", "al servicio de la gente", etc., todas estas rematadas en el tiempo, por gestiones públicas contrarias a su ofrecimiento en tiempos de campaña política, por lo que es clave para la población alcanzar ejercicios ciudadanos, que impliquen mayor desarrollo de análisis del ciudadano promedio, es decir, en términos prácticos, desarrollar para sí: memoria histórica.
Para la época del manodurismo, existió una importante contención del arbitrio de dichas políticas, especialmente de las jurisdicciones penales en sus mas directos niveles, entiéndase los jueces de paz y de primera instancia, así como en su momento las Cámaras, la misma jurisdicción penal juvenil.Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, hasta el último día de la vigencia de dicha ley le declaró inconstitucional, 1° de abril de 2004, siendo un lamentable precedente para la pronta y cumplida justicia, pues al dejar de ser pronta dejó en buena medida de ser cumplida. Debe decirse no obstante, que el manodurismo continuó siendo una campaña de ley y orden, a nivel de programa, que dejo sus huellas en los años subsiguientes y -en mi opinión- hasta la actualidad, como malas practicas.
Sin embargo la flexibilización de garantías, devenía también en los años subsiguientes en la flexibilización del control judicial de las mismas, la misma jurisdicción especializada contra el crímen organizado es muestra de ello. Aún en nuestros días, a 25 años de los acuerdos, tampoco la institucionalidad en el sistema de justicia, no ha tenido nada que celebrar de los 25 años de la reforma del sistema de justicia, que aquellos desplegaron. En éstos días se viven cuestiones inversas incluso, a un año de reconocerse por las autoridades penitenciarias, el colapso por hacinamiento del sistema penitenciario, por diversos factores, son éstas autoridades las que están pidiendo que los jueces que no se envíe a los acusados a prisión. (https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180219/281505046694710).
Han sido también muy utilizados slogan de campaña: "los mas pobres de los pobres", "la política es servicio", "las mujeres no van a estar solas", "al servicio de la gente", etc., todas estas rematadas en el tiempo, por gestiones públicas contrarias a su ofrecimiento en tiempos de campaña política, por lo que es clave para la población alcanzar ejercicios ciudadanos, que impliquen mayor desarrollo de análisis del ciudadano promedio, es decir, en términos prácticos, desarrollar para sí: memoria histórica.
Para la época del manodurismo, existió una importante contención del arbitrio de dichas políticas, especialmente de las jurisdicciones penales en sus mas directos niveles, entiéndase los jueces de paz y de primera instancia, así como en su momento las Cámaras, la misma jurisdicción penal juvenil.Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, hasta el último día de la vigencia de dicha ley le declaró inconstitucional, 1° de abril de 2004, siendo un lamentable precedente para la pronta y cumplida justicia, pues al dejar de ser pronta dejó en buena medida de ser cumplida. Debe decirse no obstante, que el manodurismo continuó siendo una campaña de ley y orden, a nivel de programa, que dejo sus huellas en los años subsiguientes y -en mi opinión- hasta la actualidad, como malas practicas.
Sin embargo la flexibilización de garantías, devenía también en los años subsiguientes en la flexibilización del control judicial de las mismas, la misma jurisdicción especializada contra el crímen organizado es muestra de ello. Aún en nuestros días, a 25 años de los acuerdos, tampoco la institucionalidad en el sistema de justicia, no ha tenido nada que celebrar de los 25 años de la reforma del sistema de justicia, que aquellos desplegaron. En éstos días se viven cuestiones inversas incluso, a un año de reconocerse por las autoridades penitenciarias, el colapso por hacinamiento del sistema penitenciario, por diversos factores, son éstas autoridades las que están pidiendo que los jueces que no se envíe a los acusados a prisión. (https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180219/281505046694710).
Se puede decir que las políticas de seguridad, han dejado su herencia en la operatividad y prácticas de la seguridad pública, efectos que vinieron siendo corregidos hasta donde se advierte en algunos aspectos desde el año 2009, sin embargo, se retomo un continuismo, que volvió a una tendencia negativa. En cierto sentido, la tendencia a la flexibilidad de las garantías procesales penales y aún más en el marco de los procesos administrativos y judiciales, en aspectos muy sutiles pero trascendentes, se pueden advertir también, aún hasta nuestros días; ciertamente el ideario social, ha sido también fuertemente influenciado, como muestra del negativo liderazgo político en el correr de los años en éstos temas tan poco valorados en clave democrática; en éste, los espacios políticos, al igual que el crímen, también ganan terreno, a base del miedo y las emergencias, provocando en los humanos aflorar los instintos.
En las perspectivas positivas, propuestas importantes siempre han estado presentes también por actores sociales, comprometidos en importantes procesos de aporte socio-comunitario, por ejemplo en 2006 y 2007; se recuerda incluso propuestas de grupos de notables que fueron llamados a analizar y proponer acciones políticas, con importantes documentos e informes, que finalmente no filtraron las adopción de políticas consecuentes y progresistas para el país: mientras tanto, población vulnerable, como niños y adolescentes, padeciendo los azotes de falta de oportunidades de desarrollo humano.
Desde el año 2010 y 2012-2013, también se vino planteando propuestas diferentes, en torno a promover un marco más comprensivo de las complejidades socio-económicas, comunitarias y culturales, con que se configuran los abordajes del problema del crímen en nuestras sociedades. En 2010, la misma tendencia a hablar de diálogo, desde una comprensión socio-institucional amplia, fue casi demonizado" por los referentes de poder político, que no siempre son los gobernantes o políticos de turno, pues ahí se configura también la perspectiva de oposiciones que se hace posible incluso descarrilar los intentos adecuados, tanto institucionales como democráticos. Una propuesta de política de prevención fue ignorada a partir de presiones del gobierno y de la cartera respectiva, que había trabajado vinculada a aportes de la sociedad civil. Septiembre de 2010: se fragua en ese contexto, la Ley de Proscripción de Pandillas, que criminaliza la sola pertenencia a ellas, haciendo más abismal las posibilidades de actuar socialmente y a mediano y largo plazo el problema de la delincuencia.
En ese contexto; y ante el cierre de oídos a la sensatez penal, como se puede referir al uso proporcional, adecuado y con ello delimitado de la coerción penal en las sociedades, se mantuvieron en la picota los indices sociales de violencia y delincuencia, que con el tiempo ha mostrado una mutación y complejidad sin precedentes y constituyéndose en un problema casi inmanejable para los gobiernos.
Es en ese contexto, se fue escuchando a inicios de 2012 en El Salvador sobre la estrategia que permitía la "tregua entre pandillas", la que desde sus inicios se mostró con muy limitada claridad y con el tiempo se advirtió sin ninguna orientación cierta y sistemática, especialmente con pocos referentes que la justificaran y fundamentaran en el marco institucional y jurídico. Luego, con los años, luego de conocerse como una alternativa "no ortodoxa" -según palabra de las autoridades de turno- de reducción de cifras e indices delincuenciales, especialmente de los homicidios, fueron develándose detalles que confirmaron que se trataba de una estrategia con claras faltas de consistencia, aunque con resultados prácticos cuyo reconocimiento no implican su total negatividad.
Políticas como la de Seguridad, no debe nunca anular de la Justicia; ésta además, debe ser consistente y coherente con el orden jurídico, lo que implica que se desarrollen en el marco institucional y no por el contrario, sustraerse de éste. Una situación clara, es que se militarizó la misma desde siempre luego de los últimos tres gobiernos, indistintamente derechos e izquierdas en el gobierno, hoy pagamos facturas de tan lamentables políticas: existen ya -varios en investigación y uno siendo primera condena- casos de torturas y desapariciones forzadas, incluso de exterminio y sicariato, casos en investigación. (Con eso se desayuno hoy El Salvador, en una primera plana de un periódico nacional: http://elmundo.sv/fiscalia-investiga-grupo-de-exterminio-en-la-fuerza-armada/ )
La criminalidad y su complejidad, su estado actual, no es fruto de la casualidad. Si el fenómeno criminal es un vejamen para la población, para la humanidad, la respuesta al crímen debe ir por la vía contraria, no por el mismo rumbo de inhumanidad, reafirmar el Estado de Derecho es importante. El crímen no se puede combatir con el crímen.
Las acciones políticas, orientadas a dar respuesta al fenómeno criminal, durante estos 25 años posteriores a los Acuerdos de Paz, no han caminado por el respeto irrestricto apego a la institucionalidad, basada en el ordenamiento jdco.: alto precio se ha pagado por esto, la ciudadanía, que ha experimentado que la Policía Nacional Civil, quizá la más emblemática institución erigida para entonces, perfilada y formalmente entendida, como entidad que brinda seguridad ciudadana, lejos de desarrollarse, con una gestión orientada a la mejora constante, ha sido maltrecha, ha involucionado -los ejemplos son claros en hechos acontecidos a fines de 2017-, y aún se mantiene en un débito importante para democratizar y concretizar el Estado de Derecho.
La criminalidad y su complejidad, su estado actual, no es fruto de la casualidad. Si el fenómeno criminal es un vejamen para la población, para la humanidad, la respuesta al crímen debe ir por la vía contraria, no por el mismo rumbo de inhumanidad, reafirmar el Estado de Derecho es importante. El crímen no se puede combatir con el crímen.
Las acciones políticas, orientadas a dar respuesta al fenómeno criminal, durante estos 25 años posteriores a los Acuerdos de Paz, no han caminado por el respeto irrestricto apego a la institucionalidad, basada en el ordenamiento jdco.: alto precio se ha pagado por esto, la ciudadanía, que ha experimentado que la Policía Nacional Civil, quizá la más emblemática institución erigida para entonces, perfilada y formalmente entendida, como entidad que brinda seguridad ciudadana, lejos de desarrollarse, con una gestión orientada a la mejora constante, ha sido maltrecha, ha involucionado -los ejemplos son claros en hechos acontecidos a fines de 2017-, y aún se mantiene en un débito importante para democratizar y concretizar el Estado de Derecho.
